Una sentencia del Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá analizó un caso de fraude documental, suplantación de identidad y firmas falsificadas relacionado con la transferencia de un inmueble.
El proceso se originó porque los propietarios afirmaron que nunca habían vendido el bien, aunque en el folio de matrícula inmobiliaria aparecía registrada una compraventa sustentada en una escritura pública que ellos desconocían.
El estudio documentológico y grafológico fue elaborado por el perito Richard Poveda Daza.
El examen determinó que la escritura cuestionada no correspondía realmente al negocio jurídico que allí se pretendía mostrar. El número de escritura sí existía en el protocolo notarial, pero estaba asociado a un acto completamente distinto, relacionado con otro inmueble y otras personas.
El análisis también estableció que las firmas incluidas en el documento eran reproducciones digitalizadas obtenidas mediante técnicas de fotocomposición, recortes o transferencias mecánicas. Aunque podían conservar semejanzas visuales con firmas genuinas, el estudio concluyó que carecían de autenticidad.
También se encontraron otras irregularidades:
el código QR del documento cuestionado dirigía a una página ajena al sistema notarial; las impresiones dactilares estaban empastadas y no permitían un análisis técnico confiable; y la notaría certificó que no había autorizado esa escritura como compraventa del inmueble objeto del litigio.
Este caso muestra por qué, frente a una posible firma falsificada, no basta con observar si la forma general "se parece".
Una firma puede ser copiada, escaneada, recortada, transferida o insertada digitalmente.
Por eso, un peritaje de firmas falsas debe estudiar no solo la apariencia gráfica, sino también la forma de producción, la relación con el soporte, la posible reproducción mecánica o digital y, cuando sea posible, el documento original.
El objetivo no es simplemente determinar si dos firmas se ven parecidas.
La pregunta técnica es más completa:
¿la firma fue realmente ejecutada de manera manuscrita por la persona a quien se atribuye o estamos frente a una reproducción o falsificación?
La sentencia no se apoyó únicamente en el examen grafológico.
La notaría informó que la escritura cuestionada no correspondía al acto presentado como compraventa. También existían actuaciones relacionadas con los mismos hechos en sede penal, y el conjunto de pruebas permitió al juzgado concluir que el negocio carecía de consentimiento válido.
Finalmente, el juzgado declaró la nulidad absoluta de las compraventas, ordenó cancelar las escrituras y las anotaciones registrales correspondientes.
Porque muestra cómo una escritura pública falsa puede ser utilizada para afectar directamente el patrimonio de una persona.
También demuestra que una firma aparentemente similar, una huella o un código QR no garantizan por sí solos que un documento sea auténtico.
Cuando existen dudas sobre una escritura pública, un contrato, un poder, un pagaré o cualquier otro documento con efectos patrimoniales, puede resultar necesario acudir a un especialista en firmas falsificadas, perito de firmas falsas y análisis forense de documentos.
En estos casos no solo interesa saber quién firmó.
También debe establecerse si el documento fue realmente producido, autorizado y suscrito en la forma en que aparece presentado.
El dictamen técnico examinado y valorado en esta providencia fue elaborado por Richard Poveda Daza. El presente contenido tiene finalidad informativa y resume los principales aspectos jurídicos y forenses de una decisión judicial pública.
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Sobre el Autor
Richard Poveda
Analista Forense de Documentos- Grafólogo
Especialista en ciencias forenses
Universidad Católica de Colombia